vendredi 29 juin 2012

PINOCHET : LA PHOTO DE CHAS GERRETSEN


FOURS DE LONQUÉN


Les sept anciens policiers sont accusés de l'homicide des 15 personnes dont les restes ont été retrouvés dans ces « Fours de Lonquén ». Il s’agit d’anciens fours  pour le traitement de la chaux, désaffectés, et utilisés par les sbires pour dissimuler 15 cadavres. C’est aussi un des plus atroces massacres commis sous Pinochet, emblématique des nombreux crimes de sa dictature.
 
LES FAMILLES DES VICTIMES LORS D'UNE MESSE EN HOMMAGE AUX MARTYRS
DE LONQUEN - PHOTO LUIS NAVARRO

Par l’énormité des faits –quinze victimes entre 17 et 51 ans, tous des paysans, tués ensemble les mains attachées au dos et ensevelis clandestinement–, la macabre découverte a suscité à l’époque une grande commotion au Chili et au delà.

Elle est venue aussi confirmer ce que les organismes humanitaires de l’église et quelques avocats des droits de l’homme soupçonnaient depuis quelque temps : la dictature militaire procédait à des enterrements clandestins pour dissimuler des massacres. Ce fut la mise à jour du premier charnier secret de la dictature parmi une longue liste qui n’est toujours pas close, et il a fallu se rendre à l’évidence que le pays en était truffé.

La funeste trouvaille a fait réagir aussi le dictateur, qui craignant d’autres découvertes du même genre déclencha très vite l’opération « retrait de téléviseurs ».
Ce nom de code, transmis crypté fin 1978 aux unités militaires tout au long du pays, a consisté en repérer les charniers, déterrer en secret des centaines de cadavres, les mettre dans des sacs, les conduire à bord des hélicoptères Puma de l’armée de terre et les couler en mer au large des côtes chiliennes, préalablement lestés d’un morceau de rail.

Les inculpés sont le lieutenant colonel Lautaro Castro Mendoza –à l’époque capitaine– et les carabiniers Juan Villegas Navarro, Félix Sagredo Aravena, Manuel Muñoz Rencoret, Jacinto Torres González, David Coliqueo Fuentealba, José Belmar Sepúlveda et Justo Peralta Romo.

L'avocat des parents des victimes, Nelson Caucoto, s'est déclaré satisfait de la résolution.
Ce dossier douloureux a connu un sort long et complexe. L’appareil judiciaire de la dictature l’a d’abord enterré, puis a essayé de le couvrir par la loi d’amnistie édictée par Pinochet.

Des années de procédures se sont poursuivies pour arriver finalement à la vérité, et notamment l’efficace intervention d’experts étrangers en médecine légale qui ont longuement examiné les dépouilles.


En février 2010, le laboratoire Health Science Center de l'université de Texas a rendu les analyses de reconnaissance des victimes –qui auront duré presque quatre ans–, en identifiant 13 des 15 corps.
C’étaient un père et ses 4 fils ; trois autres frères d’une même famille ; un autre père et ses deux fils, et 4 autres jeunes sans liens de parenté. Tous les hommes d’un village.

Longtemps, on avait cru qu’ils avaient été fusillés, mais les expertises n’ont pas retrouvé des balles ni des traces de coups de feu. Ils ont tous été assassinés à coups de pied et à coups de crosse.

mardi 26 juin 2012

Retiro de Televisores




Tomado de El Siglo, 13 de agosto 2004


Operación "Retiro de Televisores"
Pinochet dio la orden
Por Julio Oliva García

Acosado por las huellas de sus robos, Pinochet vive momentos decisivos en tribunales. A la investigación por sus crímenes se han agregado la de las cuentas del Banco Riggs, el nuevo procesamiento de su hijo y la confesión de algunos autores de exhumaciones ilegales que lo acusan como quien dio directamente la orden para hacer desaparecer definitivamente los cuerpos de los prisioneros asesinados. Esta operación es la que, en mensaje encriptado, el dictador denominó "Retiro de Televisores".

A fines de 1978, siendo teniente en la Sección II de Inteligencia del Regimiento Buin, el capitán (R) Pedro Andrés Rodríguez Bustos recibió una orden codificada de la Comandancia en Jefe del Ejército, que a su vez era enviada a todas las guarniciones y divisiones del país. 21 años después, en 1999, declaraba ante el ministro Juan Guzmán Tapia que ese mensaje en clave estaba firmado por Augusto Pinochet Ugarte y daba órdenes perentorias "de reunir a los oficiales y suboficiales que hubiesen estado sirviendo en esas unidades entre los años 1973 y 1974. Dicha reunión debía tratar de obtener de este personal la información que tuviesen respecto al paradero de los cuerpos de personas ejecutadas y enterradas al interior de unidades militares o, en este caso específico, en el campo militar de Peldehue, atendiendo que ese campo iba a traspasar parte de sus terrenos a la Compañía Minera Andina y, por lo mismo, debía saberse si en dichos terrenos se encontraban inhumaciones clandestinas, ya que de ser así se requería la exactitud de los lugares para proceder a la exhumación y eliminación de los cadáveres". 
A pesar de que esta información traspasó las paredes de los tribunales, muchas voces interesadas se alzaron para desvirtuar la declaración de Rodríguez Bustos, incluso desde instancias oficiales que hablaban de una "operación de inteligencia", lo que atentó en contra de la credibilidad del ex uniformado.

El peso de los hechos

Sin embargo, el capitán Rodríguez insistiría y otros testimonios vendrían a avalar su exposición. A principios de julio de 2004 ratificaría sus dichos, comenzando por su historia personal: "Ingresé a la Escuela Militar en el año 1967, egresando como subteniente en el año 1972, sirviendo en diferentes unidades del país, entre las cuales puedo destacar el Regimiento de Artillería Motorizado N° 2 ‘Arica’, con guarnición en La Serena, Escuela Militar, Regimiento de Infantería N° 1 ‘Buin’, Cuartel general de la Segunda División, Regimiento de Infantería N° 4 ‘Rancagua’ con guarnición en la ciudad de Arica. 
Hago presente que, luego de haber prestado servicios de refuerzo en el Regimiento Buin, entre los años 1974 y 1975, cumplí funciones como Oficial Instructor en la Escuela Militar, debiendo agregar que el año 1976 soy destinado al Regimiento Buin, donde pasé a cumplir funciones en la Sección II, Inteligencia, debiendo señalar que el año 1978 se recibe una orden de comando emitida por la Segunda División de Ejército, cuyo comandante a esa fecha era el general Enrique Morel Donoso. Dicha orden tenía como referencia la orden de la Comandancia en Jefe del Ejército y fue remitida a todas las guarniciones y divisiones del país". La orden impartida, que apuntaba a no repetir el "bochorno" de Lonquén, sería conocida como "Operación Retiro de Televisores".
En otra parte de su declaración, el oficial Rodríguez señala que "esta reunión –la que congregaba a los que habían participado en ejecuciones y entierros clandestinos- tuvo el carácter de general para estas personas, pero los comandantes de regimientos debían recibir la información en forma individual de los que la iban a proporcionar, así fue como sucedió en el Regimiento Buin y el comandante de la época, coronel Mario Navarrete Barriga, hoy general en retiro, recibió en su oficina privada al personal que debía entregar algún tipo de información, ya que a esa fecha existía un solo oficial que había estado en esos años. Esa información se mantuvo con el carácter de secreto, al igual que la calificación que tenía la orden emanada del escalón superior. Debo hacer presente que, en mi calidad de Oficial de Inteligencia de dotación en esos años de la Sección II del regimiento Buin, con el grado de teniente, recuerdo que entre los suboficiales que se presentaron ante el comandante para entregar la información que poseían, puedo mencionar a dos funcionarios que trabajaban bajo mi dependencia: Juan Ibáñez y Jorge Aguilar, debiendo agregar que a la fecha desconozco qué otros suboficiales de dotación del Buin fueron los que se presentaron ante el comandante para entregar información.
Debo señalar que, en reuniones de coordinación entre oficiales de inteligencia con el comandante del destacamento especial de Inteligencia de la II División, se nos informó que la información remitida a la división y guarnición militar de Santiago tendría siempre el carácter de secreto, pero no obstante ya habiendo hecho un catastro de los lugares donde se encontraban cuerpos, estos iban a ser exhumados por personal del Regimiento de Ingenieros de Puente Alto con apoyo de personal del Comando de Aviación, para su desaparición. También trascendió en esas reuniones que algunos restos humanos iban a ser trasladados dentro del mismo campo militar de Peldehue, desde su fosa original a otros lugares.
Con respecto al cumplimiento de esta orden a nivel nacional, debo señalar que de lo ocurrido con cuerpos enterrados en unidades militares de provincia, debo suponer que el procedimiento fue el mismo al aplicado a Santiago, tanto para obtener información del personal, como para proceder a la ubicación y exhumación de los cuerpos".
En efecto, después de recopilada la información, usando como pretexto público el que se estaba negociando la venta de terrenos de Peldehue con la empresa Minera Andina, se dispuso que era primordial limpiar una franja de tierra que corría al sur del predio, que se le denominaba "Cajón de los Ratones". Por lo mismo, se hizo necesario el traslado de fosas hacia el norte de Peldehue, hacia el cerro Las Tórtolas.
La remoción de cuerpos tuvo como fecha el 23 de diciembre de 1978, día en que un equipo de uniformados procedió a las exhumaciones usando una máquina retroexcavadora, para iniciar las siniestras labores, y luego se dieron a la tarea con picos y palas durante muchas horas. Quien guiaba la búsqueda y excavación era el suboficial Eliseo Cornejo Escobar, uno de los que había participado en los ametrallamientos de 1973. La supervisión había quedado en manos del comandante Hernán Canales Varas.
Los cuerpos, mayoritariamente enteros gracias a la conservación proporcionada naturalmente por la tierra de la zona, fueron metidos de a uno en sacos de papas, trasladados al camión tipo Unimog y subidos a un helicóptero Puma del Ejército. El destino final de los ejecutados de La Moneda estaría mar adentro.
Los traslados de fosas serían comprobados por la ministro Amanda Valdovinos, quien descubriera los restos de Juan Luis Rivera Matus, a quien la "Mesa de Diálogo" había dado por lanzado al mar. Unos meses después vino una nueva sorpresa: en una gran fosa al interior del Fuerte Arteaga se encontraron más de 500 piezas óseas, entre fragmentos de cráneos, extremidades y dientes, que corresponderían a parte de los detenidos de La Moneda. Junto a los restos humanos había restos de granadas y balas. Todo indicaba que, tras ser fusilados a pocos días del golpe militar, los prisioneros habían sido arrojados a la fosa y hechos explotar. 

Por todo Chile

Las últimas investigaciones realizadas en Cuesta Barriga por el ministro Héctor Carreño dieron como resultado el hallazgo de dientes y pequeñas vértebras, presumiblemente pertenecientes a parte de la dirección clandestina del PC secuestrada a fines de 1976. El hecho de que no pudiesen encontrarse huesos de mayor tamaño era prueba de que también aquí habían sido removidos los cadáveres.
Volvieron a tomar fuerza, después de años de silencio obligado, los testimonios de lugareños que aseguran haber visto camiones del Ejército trasladando cuerpos en 1987.
En Calama, la investigación del ministro Juan Guzmán permitió identificar restos de Carlos Berger y a Domingo Mamani. Los fragmentos encontrados evidencian remociones. En Pisagua existe la confirmación de que efectivamente hubo remociones de cuerpos y que fueron destruidos. 
En Chihuío, las 18 personas que fueron ejecutadas y enterradas en octubre de 1973 serían removidas cinco años después, cuando una patrulla militar llegó al sector a desenterrar los cuerpos sin que hasta ahora se conozca su destino final. En 1990 el ministro en visita Nibaldo Segura se constituyó en el lugar y pudo establecer que efectivamente había restos óseos muy fragmentados que quedaron después de la remoción de restos, los que fueron enterrados simbólicamente en el cementerio de Valdivia.
En noviembre de 1979, el Vicario de la Solidaridad Ignacio Ortúzar le entregó al ministro Humberto Espejo, quien investigaba la detención de seis campesinos de Paine, antecedentes acerca de inhumaciones masivas e irregulares en el Patio 29 del Cementerio General, en 200 fosas con cadáveres identificados y N.N. Entre los cuerpos sepultados con identificación había varios detenidos de Paine que habían pasado por el Cerro Chena.
El tribunal constató la existencia de decenas de tumbas con más de un sepultado, así como la existencia de más de 100 con anotaciones de N.N. A fines de 1979, el ministro Espejo comunicó al director del Cementerio la prohibición de incinerar, exhumar o trasladar los restos de personas enterradas sin identificación. A principios de los 80, trabajadores del Cementerio informaron que se estaban llevando los cuerpos, finalmente sólo se pudo identificar a 78 personas de un total que podría haber llegado a más de 200.
Un ex agente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), entrevistado por Qué Pasa bajo el alias de "don Eduardo", asegura que las exhumaciones ilegales continuaron hasta muy avanzado el régimen dictatorial. Así fue como en 1986, ante las presiones que ejercía la Iglesia Católica y el difícil panorama político que se enfrentaba, "como se tenía certeza de que había lugares con fosas con restos de detenidos desaparecidos en Peldehue", afirma, "se encomendó la tarea a unidades especializadas de inteligencia a objeto de que se produjeran exhumaciones con el apoyo reservado del Comando de Aviación del Ejército. Los trabajos se realizaron con rapidez y reserva, pero no estuvieron exentos de dificultades. El terreno era muy duro y pedregoso y, si bien los cuerpos estaban enterrados a poca profundidad -entre 50 centímetros y un metro bajo tierra-, fue necesario llevar maquinaria pesada desde el Comando de Ingenieros que quedaba en Santiago, para remover la tierra.
Este proceso duró cerca de un mes. A medida que avanzaban las remociones de cadáveres, se iban almacenando en bolsas de polietileno negro grueso y se ordenaban a un lado de la fosa, para luego cargarlas dentro de un helicóptero Puma, que despegaba hacia la costa ubicada entre Quintero y Valparaíso. La tripulación de la aeronave estaba compuesta por dos oficiales pilotos, dos suboficiales mecánicos y otro telecomunicador. Las bolsas con los cuerpos eran mezcladas con piedras para hacerlas más pesadas. Eran lanzadas al mar desde mediana altura, ya que se creía que al momento de caer se podía romper el polietileno y disgregar su contenido en el mar. Todo se hizo en el más absoluto secreto".

El suboficial Balboa Ortega

Ratificando los dichos de Pedro Rodríguez Bustos, aparece el testimonio de Juan Carlos Balboa Ortega, retirado como sargento primero del Ejército, quien señala que "en marzo de 1979 postulé y fui aceptado en un curso de auxiliar de inteligencia impartido por la Escuela de Inteligencia ubicada en Nos, egresando a fines de agosto de ese año. Al llegar a mi unidad, el Regimiento de Caballería Blindada N° 3, "Húsares de Angol", fui destinado a la Sección II de Inteligencia, siendo en esa época el comandante del regimiento el coronel Patricio Escudero Troncoso. A fines de 1979 se recibió en la unidad un criptograma secreto con denominación A-1, que indica máxima urgencia, proveniente del Comandante en Jefe del Ejército, Capitán General Augusto Pinochet Ugarte, dirigido a todas las unidades militares del país. En resumen, este documento informaba que todos los comandantes de unidades serían responsables administrativamente de la aparición de cuerpos de ejecutados políticos en su jurisdicción, por lo cual ordenaba realizar todas las diligencias correspondientes para evitar que terceros encontraran los lugares de inhumación de cada jurisdicción militar.
Este documento fue recibido, visado por el jefe de sección y entregado personalmente al coronel Patricio Escudero. Recuerdo claramente haber leído este criptograma y haberlo comentado con los otros integrantes de la sección, entre ellos los suboficiales Rebolledo, Cáceres y Castro. Los criptogramas clasificados A-1 pueden ser recibidos a cualquier hora del día y llegan a la sección Telecomunicaciones del regimiento, que los entrega a la Sección II. El funcionario de esta Sección que los recibe tiene una hora de plazo para descifrarlos y entregarlos al comandante. Posteriormente, en el mes de marzo de cada año, se procede a su incineración junto con todos los documentos recibidos hasta el 31 de diciembre".
El suboficial Balboa señala que "en enero de 1980 me encontraba de vacaciones en un fundo cercano a Mulchén, donde tuve la oportunidad de saber que un grupo de personas de ese lugar había sido asesinado en un lugar que correspondía a la jurisdicción de mi regimiento. Al volver de mi feriado legal le comuniqué esta situación al comandante Escudero, quien me ordenó que fuera a buscar el criptograma que impartía instrucciones sobre este tema y que daba cuenta que serían pasados a retiro los comandantes de regimientos en cuya jurisdicción se encontraran cuerpos de ejecutados políticos. Lo encontré y se lo pasé al comandante, quien llamó al comandante del regimiento de Los Angeles, haciéndole ver que había un problema de jurisdicción, ya que se conocían los antecedentes de ejecutados políticos por parte de personal de esa unidad militar. Por lo anterior, el comandante del regimiento de Los Angeles solicitó que me presentara de inmediato en su unidad.
En Los Angeles me reuní con el comandante del Regimiento de Infantería de Montaña Reforzada N° 17, que me contactó con el jefe de la Sección II de su unidad para organizar el viaje. Al día siguiente salimos en dos vehículos, una camioneta y un station wagon, sin identificaciones militares y de civil. Por el camino Curaco nos dirigimos hacia el sector El Amargo, donde el suboficial Paredes (ver recuadro), de dotación del Departamento II de la III División de Ejército de Concepción, conversó con un lugareño sobre los entierros en el sector.
El primer lugar que visitamos se encontraba en el sector El Amargo, a un costado del camino en la rivera norte del río Renaico. Como no correspondía a mi jurisdicción lo hice presente y unos ocho o nueve funcionarios cruzaron el río. Unas tres horas después regresaron cargando siete u ocho sacos paperos, cada uno con un cuerpo. Luego fuimos unos diez kilómetros al oriente, donde fueron desenterrados otros cuatro cuerpos y subidos a la camioneta, al igual que los primeros. El grupo de Los Angeles estaba bajo las órdenes del teniente jefe de la Sección II, pese a lo cual el mando operativo lo tenía el suboficial Paredes de Concepción, quien dirigía los trabajos mientras el oficial daba su aprobación". 
Sobre el mismo tema, el ex director de la CNI Odlanier Mena Salinas asumió públicamente, a fines del 2000, que "el hallazgo de cuerpos en Lonquén produjo una grave conmoción social interna. El país estaba en los preliminares de la casi guerra con Argentina. Uno de los elementos fundamentales era la cohesión del frente interno, es decir, que la gente estuviera convencida de que el país tenía la razón para ir a la guerra y que apoyara a sus Fuerzas Armadas. Se podía inferir que si aparecían nuevos ‘lonquenes’ el frente interno se iba a dañar. Por esto los comandantes en jefe resolvieron que las unidades, no CNI, hicieran un catastro de los posibles cementerios ilegales que hubiera en cada zona". 
Mena intenta descartar la participación de la CNI, pero todos los indicios apuntan a que trabajaron en conjunto con las secciones de inteligencia del Ejército para evitar "nuevos lonquenes" y, de este modo, mantener "la cohesión del frente interno". De esta forma, la única solución era obedecer la orden de Pinochet y "retirar los televisores".

Prácticas nazis 

En Auschwitz se llegó a un promedio de 24.000 asesinatos diarios usando el método de las cámaras colectivas de gas para luego aplicar la incineración, en crematorios científicamente planificados, como forma de asegurar la eliminación de los cadáveres. Existían 46 nichos de horno, cada uno con capacidad para entre tres y cinco personas. La incineración duraba media hora y, para la limpieza, se ocupaba una hora diaria. Cuando estos hornos no daban abasto, en agosto de 1944, se cavaron seis enormes fosas y se reabrieron algunas anteriores hechas en el bosque contiguo. Las fosas tenían canalizaciones en un lado para recoger la grasa humana hirviendo, que serviría para mantener su funcionamiento junto con la aplicación de aceite y alcohol, pues se necesitaba un fuego fuerte y permanente. Después de encender los hornos con coque al empezar el día hasta que alcanzaban la temperatura adecuada, apenas requerían un poco más de combustible para funcionar.
El suboficial Juan Carlos Balboa señala en parte de su testimonio respecto al destino final de los cuerpos exhumados que ignora lo sucedido "no obstante, recuerdo que el suboficial Paredes comentó que había realizado un curso de inteligencia en Alemania, donde había aprendido a incinerar cadáveres, incluso dijo que había que tener una parrilla grande, poner los cuerpos encima e iniciar el fuego con leña y petróleo, combustible que debía seguir poniéndose en el fuego cada cierto tiempo hasta conseguir que se convirtieran en cenizas completamente".
El Departamento II de Inteligencia del Regimiento Los Angeles contaba con un horno de ladrillos con chimenea. Allí fueron lanzados los cuerpos de una docena de ejecutados de la zona.

Los que saben del "destino final"

En la Escuela de Artillería de Linares, al momento de las exhumaciones ilegales se encontraba al mando el teniente coronel Patricio Gualda Tiffani, quien desde 1985 a 1988 sería el último rector designado de la Universidad de Santiago (USACH).
Gualda dio al capitán Mario Gianotti Hidalgo la orden de formar un equipo de desenterradores, según él luego de recibir la información del "retiro de televisores" por parte de su segundo, el subdirector Ricardo Gaete Villaseñor. Uno de los integrantes del especial equipo era el teniente Hernán Véjar Sinning.
Los autores de la desaparición de seis prisioneros en Linares, procesados por el ministro Alejandro Solís, son el ex vicecomandante en jefe del Ejército Jorge Zincke Quiroz; el ex director de la Escuela de Artillería de Linares y ex comandante de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana, mayor general Carlos Morales Retamal; el general (R) y ex subsecretario de Relaciones Exteriores del régimen militar, Humberto Julio; y los coroneles en retiro Juan Morales y Félix Cabezas.
Por este caso fue citado a declarar el ex director de Investigaciones, Nelson Mery, quien después de septiembre de 1973 fue destinado a la Escuela de Artillería de Linares, en calidad de oficial de enlace con el entonces director de la unidad, coronel Gabriel del Río.
En el caso de los desentierros de Peldehue, el ministro Juan Carlos Urrutia mantiene procesados a cinco uniformados, entre quienes destaca el comandante del Regimiento Tacna en 1978, coronel Hernán Ricardo Canales Varas. Los otros implicados son el jefe de inteligencia de la época Luis Antonio Fuenzalida Rojas, y los suboficiales Eliseo Cornejo Escobedo, José Canario Santibáñez y Darío Gutiérrez de la Torre. Anteriormente, el mismo juez había procesado, como autores del secuestro de 12 prisioneros de La Moneda, a otros nueve uniformados, entre los que figuran el general Luis Joaquín Ramírez Pineda y el brigadier Pedro Espinoza Bravo, quien habría supervisado el ametrallamiento y la sepultación clandestina de los ejecutados.
Canales Varas, en tanto, es quien aparece comandando la operación de exhumación y retiro de los cuerpos que eran ensacados y subidos a un camión Unimog, para luego llevarlos hasta el helicóptero que los conduciría a su "destino final". Los "favoritos" de Pinochet para pilotear estos helicópteros eran los mismos que participaron en la Caravana de la Muerte: Antonio Palomo Contreras, Emilio de la Mahotiere González y Luis Felipe Polanco.
En el caso de Pisagua, los mismos que están procesados por los secuestros y ejecuciones deben tener información de lo ocurrido con algunos de los cuerpos que aún no son encontrados. Entre ellos aparece el suegro del actual Comandante en Jefe del Ejército, el ex vicecomandante Carlos Forestier, junto a Pedro Espinoza Bravo y el suboficial Miguel Aguirre.

lundi 25 juin 2012

LE NOUVEAU BÂTIMENT DE L'ARMÉE : LA MÉMOIRE DÉLOCALISÉE

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LA TRADITIONNELLE CASERNE D’ARTILLERIE « TACNA », DÉPLACÉE AUJOURD’HUI AU SUD DE LA CAPITALE. SA GARNISON AVAIT DÉJÀ PARTICIPÉ À D’AUTRES AVENTURES PUTSCHISTES, ET LE JOUR DU COUP D’ÉTAT EN SEPTEMBRE 1973, SA TROUPE A ÉTÉ L'UNE DES PRINCIPALES FORCES LANCÉES À L’ASSAUT DU PALAIS DE LA MONEDA, À QUELQUE VINGT PÂTÉS DE MAISONS.

Le 1° Régiment d'Artillerie « Tacna » a été déménagé en 2009 à San Bernardo, pour intégrer le Camp militaire Carlos Prats, vaste complexe des forces armées érigé au sud de Santiago.
C’étaient des unités  de cette caserne  « Tacna », sous commandement du colonel Luis Joaquín Ramírez Pineda, qu’ont occupé des points clefs à la ville de Santiago le jour du coup d’état, le 11 septembre 1973.


Ces troupes ont été les acteurs de l’inégal affrontement entre les foyers de résistance du palais de La Moneda, dans quelques ministères et certains quartiers, et les puissants dispositifs terrestres et aériens déclenchés par les putschistes pour soumettre militairement la capitale. Dans son livre Le jour décisif, Pinochet a appelé cet épisode la « bataille de Santiago ».


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L’APRÈS MIDI DU 11 SEPTEMBRE 1973 LES MILITAIRES PUTSCHISTES SOUS ORDRE DU COLONEL LUIS RAMIREZ PINEDA CAPTURENT LES RÉSISTANTS DE LA MONEDA SORTIS PAR UNE PORTE LATÉRALE DU PALAIS RUE MORANDÉ. PHOTO CHAS GERRETSEN

Les troupes commandées par Ramírez Pineda qu’ont investi ce mardi 11 septembre le siège du gouvernement ont fait prisonniers une cinquantaine d'hommes et les ont emmenés au quartier « Tacna ». Sont arrivés à cet endroit les membres de l'escorte du président Allende, des policiers en civil et d'autres conseillers capturés à l’issue d'un combat très disproportionné.
Des survivants ont témoigné que tous les prisonniers, couchés sur les dalles de la cour de la caserne, ont été alors brutalement torturés par les militaires, et le colonel Ramírez  Pineda, hors de contrôle, voulait les tuer immédiatement.
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PRES D'UNE CINQUANTAINE D’HOMMES ONT ÉTÉ FAITS PRISONNIERS PAR LES FORCES DE PINOCHET À LA MONEDA ET DANS LES ENVIRONS. LES DÉFENSEURS DU PALAIS SONT EMMENÉS À LA CASERNE « TACNA ». LA PLUPART VA DISPARAÎTRE EN MOINS DE 48 HEURES, ET LEUR TRISTE SORT NE SERA CONNU QUE DES DÉCENNIES APRÈS. PHOTO CHAS GERRETSEN

Le 13 septembre, 20 résistants de La Moneda ont été transférés dans deux camions à Peldehue, camp d'entraînement de l'armée au nord de Santiago, ─rebaptisé depuis Fort Arteaga─ et ils y ont été froidement assassinés, criblés de plusieurs rafales de mitrailleur devant un puits par le jeune sous-lieutenant Jorge Herrera López. Ensevelis dans le puits, les corps ont été ensuite déchiquetés par plusieurs grenades explosives lancées dans la cavité.


À la fin 1978, un détachement du « Tacna », sous les ordres du colonel Hernán Canales Varas, a déterré les corps du puits original pour les mettre dans des sacs et les conduire ensuite, à bord des hélicoptères, à la mer. C'était l’opération nommée « retrait de téléviseurs », et les corps ont été alors lancés à l’océan Pacifique au large des côtes chiliennes.


Des très proches collaborateurs du président Allende sont restés ainsi longtemps « détenus disparus », parmi eux, ses gardes de corps, des médecins et des conseillers. En 2001, plus de 20 ans après les faits, une juge a réussi à retrouver à Peldehue des restes pour les soumettre à des expertises et à la fin de janvier 2010 ont été obtenues des identifications définitives.
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LE DOCTEUR GEORGES KLEIN PIPPER AVEC SA PETITE FILLE VANESSA EN 1971. C’ÉTAIT UN DES MÉDECINS ET PROCHE COLLABORATEUR DU PRÉSIDENT ALLENDE, CITOYEN FRANÇAIS, MILITANT COMMUNISTE ARRÊTÉ À LA MONEDA LE 11 SEPTEMBRE 1973. IL A ÉTÉ VU POUR LA DERNIÈRE FOIS À LA CASERNE « TACNA » ET DISPARU DEPUIS. IL AVAIT 28 ANS.

Luis Ramírez Pineda a poursuivi sa carrière et, déjà général, il est arrivé à chef de l'État-major de la défense Nationale de 1978 à 1981. En 2002, alors qu’il se trouvait à Buenos Aires, il a été capturé suite au mandat d’arrêt international émis par la justice française, enquêtant sur la disparition de Georges Klein Pipper, jeune médecin personnel du président Allende et citoyen français, arrêté à la caserne « Tacna » en septembre 1973.
L’extradition de Ramírez Pineda au Chili a permis, en 2003, d’élargir l’enquête judiciaire vers une douzaine d’autres détenus disparus parmi les prisonniers du palais de La Moneda.

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LUIS JOAQUIN RAMIREZ PINEDA, GÉNÉRAL
DE L’ARMÉE, EX COMMANDANT DE LA CASERNE
TACNA JUGÉ PAR DÉFAUT AVEC 12 AUTRES
OFFICIERS CHILIENS RESPONSABLES
D’ATROCITÉS SOUS LA DICTATURE DE
PINOCHET, ET RECONNU COUPABLE PAR LA
COUR D'ASSISES DE PARIS D’ENLÈVEMENT,
SÉQUESTRATION ARBITRAIRE AVEC TORTURE
OU ACTE DE BARBARIE, CONDAMNÉ EN
DÉCEMBRE 2010 À 25 DE PRISON PAR
CONTUMACE. RAMIREZ PINEDA VIT EN
LIBERTÉ DES JOURS PAISIBLES À SANTIAG
Détenu quelque temps dans une unité militaire, Ramírez a retrouvé sa liberté très vite et actuellement, « il est inculpé et libre, sans mesures de contrôle », selon des sources locales spécialisées des Droits de l’homme.

Avec l’inauguration des nouveaux bâtiments sur le site historique du « Tacna », et sa préalable migration vers San Bernardo, il apparaît maintenant clair le sens et le double objectif de cette transformation majeure. D’une part l’hommage ultime, indispensable, au général Carlos Prats, dernier commandant en chef de l’armée loyal à la Constitution, assassiné par la DINA à Buenos Aires en septembre 1974. Et d’autre part, la mise à couvert du « Tacna » et sa terrible histoire, à l’écart de recherches désagréables, pour construire les nouveaux bâtiments EBE sur un espace débarrassé de mémoires gênantes.
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« LES DISPARUS NOUS MANQUENT À TOUS
Cette véritable opération de délocalisation de la mémoire ─qui a d’autres précédents similaires─ associée maintenant à la notion du bicentenaire et à l’ensemble des activités de commémoration des deux siècles de la nation, recouvre un aspect refondateur inquiétant pour l’intégrité de notre Histoire récente.

samedi 23 juin 2012

PARAGUAY : LE PRÉSIDENT LUGO, « ÉVÊQUE DES PAUVRES », DESTITUÉ PAR LE PARLEMENT

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LE VICE-PRÉSIDENT, FEDERICO FRANCO, LE SUCCESSEUR LÉGAL MAIS ILLÉGITIME  A ÉTÉ INVESTI, LORS D'UNE BRÈVE CÉRÉMONIE AU CONGRÈS D'ASUNCION.PHOTO JORGE ROMERO

La gauche latino-américaine a immédiatement dénoncé ce que la présidente argentine, Cristina Kirchner, a qualifié de « coup d'Etat illégitime », suivie par le Bolivien Evo Morales, qui y a vu un « coup d'Etat parlementaire », tandis que le Vénézuélien Hugo Chavez qualifiait d'« illégitime » son successeur.
 
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Dès l'annonce de la condamnation du président, au terme de ce procès expédié en cinq heures, plusieurs milliers de ses partisans rassemblés sur la Place d'armes de la capitale paraguayenne ont manifesté leur colère. Certains protestataires s'en sont pris aux forces de l'ordre, qui ont répliqué à coups de matraques, de gaz lacrymogènes et de lances à eau.

 

La foule s'est rapidement dispersée avant de revenir peu à peu devant le Congrès en respectant l'appel « à ne pas verser le sang des justes » formulé par leur favori déchu.


A 18H27 locales (22H27 GMT)à Asuncion, un total de 39 sénateurs sur les 43 présents, soit plus des deux tiers requis, ont déclaré Fernando Lugo coupable des accusations formulées contre lui, entraînant sa destitution immédiate.



M. Lugo, a qui il restait un peu plus d'un an de mandat, était accusé d'avoir « mal rempli ses fonctions » à la suite des heurts qui ont provoqué la mort de 11 paysans sans-terre et six policiers lors d'une opération visant à déloger les occupants d'une propriété agricole le 15 juin dans le nord-est du pays.
Pendant la séance, quatre sénateurs ont dénoncé un procès expéditif, constituant selon eux une atteinte à la démocratie paraguayenne.

 

« Je me soumets à la décision du Congrès », a réagi peu après M. Lugo dans une déclaration à la Présidence, affirmant que « c'est l'histoire paraguayenne, sa démocratie, qui ont été profondément blessées ».« Aujourd'hui je me retire comme président, mais pas comme citoyen paraguayen », a-t-il ajouté, tout en appelant ses partisans au calme.

L'ex-évêque de 61 ans, premier président de gauche après 62 ans de pouvoir du parti Colorado (conservateur), a ensuite quitté le bâtiment à bord d'un convoi automobile vers une destination inconnue, a constaté un journaliste de l'AFP.


 

M. Lugo, qui vient d'être soigné avec succès d'un cancer du système lymphatique, avait annoncé qu'il ne se représenterait pas à l'élection d'avril 2013. Auparavant surnommé « l'évêque des pauvres », il a abandonné la soutane en 2006, deux ans avant d'être élu.
Quelques minutes après cette destitution, le vice-président, Federico Franco, a prêté serment, revêtu l'écharpe tricolore et le bâton de commandement devant les caméras de télévision, lors d'une rapide cérémonie au siège du Parlement bicaméral.

« Il s'agit de l'engagement le plus important qui soit et je ne pourrai le remplir qu'avec l'aide et la collaboration de chacun d'entre vous », a déclaré M. Franco, aux côtés de son épouse, la députée Emilia Alfaro.

M. Franco est un dirigeant du Parti libéral. Cette formation, qui soutenait M. Lugo au moment de son élection en 2008, lui a officiellement retiré son appui jeudi sur fond de querelles politiques récurrentes. Les libéraux étaient en première ligne de la fronde menée contre l'ex-président.

Dans la matinée, le président paraguayen avait tenté en vain de ralentir la procédure expresse le visant en saisissant la Cour Suprême, lui demandant
« de suspendre le procès politique jusqu'à ce que lui soient fournies les garanties constitutionnelles pour sa défense ».

 

Interrogé sur une radio argentine avant le verdict, M. Lugo avait dénoncé « un coup parlementaire déguisé en procédure juridique ». Il avait précisé qu'il allait certainement « résister par le biais d'autres organisations ».

 

Hors des frontières de ce petit pays pauvre et enclavé du cône sud-américain, plusieurs voix se sont élevées contre ce procès en destitution.

 

Avant-même le départ de M. Lugo, le président équatorien Rafael Correa avait déjà annoncé qu'il ne reconnaîtrait pas un éventuel nouveau président. Et le Venezuela, le Nicaragua et la Bolivie avaient dénoncé un « coup d'Etat déguisé », lors d'une réunion extraordinaire de l'Organisation des Etats américains (OEA) consacrée à cette crise.

vendredi 22 juin 2012

PARAGUAY : LE COUP D'ETAT DEGUISE

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LE PRÉSIDENT PARAGUAYEN LORS D'UNE CÉRÉMONIE OFFICIELLE. PHOTO AP

A partir de 14H30, les arguments seront étudiés, avant une session extraordinaire prévue à 16H30 (20H30 GMT), pour statuer sur le sort du président, qui ne compte que cinq partisans sur les 45 membres du Sénat.

Je « refuse de renoncer à mes fonctions et (me) soumets au procès politique avec toutes les conséquences » que cela implique, a annoncé M. Lugo, un ancien évêque de 61 ans, premier président de gauche du pays, dans un message à la nation jeudi.

Quelques heures plus tôt, la Chambre des députés (chambre basse) avait surpris le pays en votant en faveur d'une procédure de destitution visant le président Lugo, considérant que ce dernier avait « mal rempli ses fonctions », à la suite des récents heurts sanglants entre policiers et paysans sans-terre.

Dans cette motion, le président paraguayen est accusé d'avoir exercé ses fonctions d'une manière «impropre, négligente et irresponsable, provoquant le chaos et l'instabilité politique dans toute la République ».


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MANIFESTATION DE SOUTIEN AU PRÉSIDENT DU PARAGUAY, FERNANDO LUGO, LE 21 JUIN 2012 À ASUNCION. PHOTO AFP

Le document ajoute que le chef de l'Etat a généré une « constante confrontation et la lutte des classes sociales avec comme résultat final le massacre de compatriotes, un fait inédit dans les annales de l'histoire depuis notre indépendance nationale jusqu'à cette date, en temps de paix ».

La motion se réfère au massacre de 11 paysans sans-terre et de six policiers lors d'une opération visant à déloger les paysans d'une propriété agricole occupée illégalement, vendredi dernier à Curuguaty, à 250 km au nord-est de la capitale.

La motion, qui fait planer une sérieuse menace sur le mandat de Fernando Lugo, a été votée à une large majorité par 77 députés sur 80.

Les principaux soutiens du président ont déconcerté les observateurs en se déclarant favorables à cette motion, présentée par plusieurs partis.

Le Parti libéral a décidé de retirer son appui au président de gauche après plusieurs désaccords politiques.

« Lugo nous ignore », a assuré jeudi devant la presse le président du Parti libéral radical authentique (PLRA), Blas Llano, confirmant le passage de sa formation dans l'opposition.

Les évêques catholiques du Paraguay ont également demandé jeudi au président Lugo de renoncer à sa charge « pour le bien du pays », a indiqué à la presse l'évêque Claudio Giménez, secrétaire général de la Conférence épiscopale du pays.

« Nous lui avons parlé avec beaucoup de sincérité et de franchise pour qu'il renonce à sa charge pour faire tomber cette tension », a-t-il ajouté.

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MANIFESTATION DE SOUTIEN AU PRÉSIDENT DU PARAGUAY, FERNANDO LUGO, LE 21 JUIN 2012 À ASUNCION. PHOTO REUTERS

Préserver la stabilité et l'Etat de droit

Dans son allocution, Fernando Lugo a dénoncé une «attaque sans pitié de secteurs qui se sont toujours opposés au changement qui vise à faire du peuple un protagoniste de sa démocratie », alors que ses partisans évoquent déjà un coup d'Etat déguisé.

Selon lui, les députés ont abandonné toute mesure et réflexion pour mener ce procès « tambour battant » et « voler la décision suprême du peuple » qui l'a élu pour un mandat de cinq ans le 20 avril 2008.

Jeudi soir, les huit principaux ministres des Affaires étrangères de l'Union sud-américaine des nations (Unasur) sont arrivés au Paraguay dans un seul et même avion, avec pour mission de défendre le président Lugo.

« Les présidents (de l'Unasur) ont exprimé la conviction qu'il faut préserver la stabilité et le respect de l'ordre démocratique paraguayen, maintenir les dispositifs constitutionnels et défendre l'Etat de droit », a déclaré le ministre brésilien des Affaires étrangères Antonio Patriota après une réunion des chefs d'Etat de l'organe régional à Rio de Janeiro.

Le ministre des Affaires étrangères de l'Equateur, Ricardo Patiño, a pour sa part assuré que l'Unasur « ne permettrait pas un retour de la dictature ni un coup d'Etat »au Paraguay sur son compte social Twitter.

En outre, les Etats-Unis ont demandé jeudi que le processus du jugement politique initié par le congrès paraguayen soit respecté « scrupuleusement ».

« Il est extrêmement important que les institutions agissent d'une manière transparente et que les principes du procès et les droits des accusés soient scrupuleusement respectés », a déclaré le porte-parole pour l'Amérique latine du Département d'Etat William Ostick dans un message à l'AFP.


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LE PRÉSIDENT DU PARAGUAY, FERNANDO LUGO, REÇOIT LA VISITE DE LULA LE 27 JANVIER 2012   DANS L'HÔPITAL DE SAO PAULO OÙ LES DEUX SONT TRAITÉS CONTRE LE CANCER. PHOTO REUTERS
A Washington également, l'Organisation des Etats américains (OEA) a appelé à ce que « le processus politique en cours se poursuive dans le cadre de la Constitution et des lois en vigueur, dans le respect des droits de toutes les personnes impliquées ».

M. Lugo, qui vient d'être soigné avec succès d'un cancer du système lymphatique, a déjà annoncé qu'il ne se représenterait pas au scrutin d'avril 2013. En cas de destitution, il serait remplacé par son vice-président, Federico Franco, leader du Parti libéral.

lundi 11 juin 2012

CHILI : VIOLENTS AFFRONTEMENTS PENDANT UN HOMMAGE À L'EX-DICTATEUR AUGUSTO PINOCHET

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LE « VELATÓN » (BOUGIETHON),  « NON À L'HÉRITAGE DE LA DICTATURE » UNE SOIRÉE D'HOMMAGE À L'EX-DICTATEUR AUGUSTO PINOCHET (1973-1990) LE 10 JUIN PROVOQUE UNE INTENSE POLÉMIQUE AU CHILI, METTANT DOS À DOS LES TENANTS DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION ET LES FAMILLES DES VICTIMES, DÉTERMINÉES À FAIRE INTERDIRE L'ÉVÈNEMENT. PHOTO ARIEL MARINKOVIC 
La police, qui avait déployé des moyens importants pour empêcher toutes violences, a pour sa part recours à du gaz lacrymogène et à des lances à eau.

Les groupes de manifestants bloquent également les rues avoisinantes par des barrages improvisés.

«  Assassin, assassin ! », scandaient les manifestants qui se trouvaient à proximité du théâtre Caupolican, dans le centre de la capitale chilienne, pour protester contre la cérémonie au cours de laquelle était projeté un documentaire intitulé  « Pinochet », consacré à l'ex-dictateur resté au pouvoir de 1973 à 1990.

Plus de mille partisans de l'ex-général étaient réunis dans la salle de spectacles.

« La police a limité notre progression pour que la cérémonie en hommage au dictateur puisse avoir lieu. Ici, ils rendent hommage à un criminel », a regretté Mireya García, vice-présidente du Groupe des proches de détenus et de disparus sur la chaîne de télévision CNN Chile.


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« NON À L'HÉRITAGE DE LA DICTATURE » AUJOURD'HUI, PLUS DE 350 PROCÉDURES SONT ENCORE OUVERTES AU CHILI POUR DES AFFAIRES DE DISPARITIONS, DE TORTURES, D'INCARCÉRATIONS ILLÉGALES OU DE CONSPIRATIONS SOUS LA DICTATURE. PHOTO ARIEL MARINKOVIC 
La cérémonie a été organisée par la Corporation 11 Septembre, organisation favorable à l'ex-dictateur qui tire son nom de la date du coup d'Etat contre le gouvernement socialiste du président Salvador Allende l'ayant porté au pouvoir le 11 septembre 1973.
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« NON À L'HÉRITAGE DE LA DICTATURE », DÈS L'ANNONCE DE LA TENUE DE CETTE SOIRÉE, LES APPELS À MANIFESTER SE SONT MULTIPLIÉS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX, ET CERTAINS SONT MÊME DÉTERMINÉS À FAIRE INTERDIRE LA PROJECTION, RAPPELANT QUE DU TEMPS OÙ LE GÉNÉRAL AUGUSTO PINOCHET ÉTAIT AU POUVOIR, 3.225 PERSONNES ONT ÉTÉ TUÉES OU ONT DISPARU. QUELQUE 37.000 CAS DE TORTURES ET DE DÉTENTIONS ILLÉGALES ONT ÉGALEMENT ÉTÉ RECENSÉS PENDANT CETTE PÉRIODE. PHOTO ARIEL MARINKOVIC 
 
« J'estime qu'en démocratie nous avons tous le droit de présenter ce documentaire », a déclaré l'ancien militaire Juan González, président de la Corporation 11 Septembre.
Ce documentaire expose la situation politique ayant précédé le putsch et recense les principales réalisations du régime.
A l'époque où le général Pinochet était au pouvoir 3.225 personnes ont été tuées ou ont disparu et 37.000 cas de tortures et de détentions illégales ont été recensées.
L'annonce de cette soirée d'hommage quelques jours avant son déroulement a provoqué une vive polémique entre les défenseurs de la liberté d'expression et les familles des victimes, déterminées à faire interdire l’évènement.
Le gouvernement a déclaré qu'il ne s'associait pas à l'initiative, mais qu'il respectait le droit de réunion. Quant à la justice, elle a rejeté le recours déposé par le Groupe des proches de détenus et de disparus pour tenter de l'interdire, estimant qu'il n'était pas dans ses attributions d'interdire un événement dans un lieu privé.

samedi 9 juin 2012

FAUT PAS SE TROMPER DE CASSEROLE


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LES CASSEROLES RESSURGISSENT EN ARGENTINE. UNE FEMME FRAPPE SUR DES CASSEROLES LORS D'UNE MANIFESTATION À BUENOS AIRES, EN ARGENTINE, POUR PROTESTER CONTRE LES INÉGALITÉS ÉCONOMIQUES, JUIN 2012. PHOTO DANIEL GARCIA

En 1980, toujours à Santiago mais dans les quartiers pauvres, des concerts de casseroles retentirent pour dénoncer la dictature. Les casseroles furent utilisées au début des années 2000 en pleine crise économique en Bolivie, en Uruguay et surtout en Argentine. Plus près de nous, les Indignés espagnols ont fait de même. Nos amis québécois brandissent la casserole comme arme pacifique d’un mouvement parti de la révolte des étudiants pour exprimer désormais l’expression d’une société en colère. Les casseroles de Buenos Aires, c’est autre chose.

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31E MANIFESTATION NOCTURNE À MONTRÉAL LE JEUDI 24 MAI 2012. DES MANIFESTATIONS DE CASSEROLES ONT EU LIEU UN PEU PARTOUT À MONTRÉAL JEUDI, AVANT LE DÉBUT DE LA 31E MARCHE NOCTURNE.  PHOTO  ÉDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE
Dans des quartiers chics de la capitale argentine, des rassemblements de quelques centaines de personnes ont eu lieu, ces derniers jours, à la nuit tombée. Il s’agissait de protester contre la présidente Cristina Fernandez de Kirchner. Celle-ci, après avoir eu l’outrecuidance de remercier la multinationale pétrolière espagnole Repsol, vient d’adopter des mesures visant à réguler le marché des devises et l’inflation, à réformer la taxe foncière datant de cinquante ans permettant à un propriétaire d‘un hectare de terre fertile de régler la même facture qu’un locataire d’un 60 mètres carrés. La présidente Kirchner n’a rien d’une révolutionnaire échevelée. Elle mène simplement une politique s’attaquant parfois aux privilèges des grandes fortunes locales. Les femmes de la bonne société de Buenos Aires ont donc sorti les casseroles.

José Fort